Pedido al Defensor del Pueblo de la Nacion - 24 de abril de 2007

 
 

Tal como se había anticipado, el director general de la Fundación PROTEGER, Jorge Cappato, solicitó formalmente la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en el tema de la crisis pesquera fluvial en la Argentina. Y paralelamente le requirió que inicie “urgentes acciones”, considerando que demandó informes al subsecretario nacional de Pesca y Acuicultura, Gerardo Nieto, y no ha obtenido respuestas.
 
El pedido está recibiendo el respaldo de instituciones miembro del Consejo Provincial Pesquero y de organizaciones de todo el país, pues simultáneamente estaban llegando al despacho del Dr. Mondino otras notas y faxes enviadas por instituciones miembro del Consejo Provincial Pesquero de Santa Fe y por organizaciones no gubernamentales de diferentes regiones del país que expresan su respaldo a la solicitud de pronta intervención del Ombudsman.

La decisión de pedir al Dr. Mondino que intervenga se tomó apenas conocida la noticia de que el titular de Pesca de la Nación dispondrá la reapertura de las exportaciones de pescado de río, que habían sido suspendidas en enero pasado por ocho meses, a partir del próximo 1 de mayo. PROTEGER asegura que el Estado no está cumpliendo con lo que exige el Artículo 41 de la Constitución Nacional.

Cappato pidió al Ombudsman que inicie acciones ante la agravada crisis pesquera fluvial en la Argentina, alertando sobre los “negativos impactos socioambientales y las amplias implicancias para las condiciones laborales, económicas, seguridad alimentaria, salud y calidad de vida de un amplio sector poblacional y empresarial en las provincias del litoral fluvial”.

El directivo de PROTEGER trajo a colación que “según el INDEC la región NEA registra los más altos índices de pobreza e indigencia” y que “la crisis pesquera agrega una cuota nada desdeñable a este acuciante problema. A lo cual debe sumarse la merma del recurso que sostiene a miles de familias de pescadores artesanales y de subsistencia, incluyendo grupos indígenas; así como a innumerables pequeñas y medianas empresas ligadas al comercio interno, turismo, hotelería, gastronomía y recreación, significando una muy importante pérdida de puestos de trabajo, ingresos familiares y divisas para el país”.

El ambientalista también resaltó en la nota que fundamentalmente a partir del nuevo tipo de cambio en 2001, la mayor causa evitable de esta crisis son las exportaciones de pescado de río, principalmente del sábalo del Paraná, que es el segundo pescado más exportado de Argentina, a una tasa insostenible de extracción estimada entre 60 mil y 80 mil toneladas/año.

A la luz de esta situación, instó a Mondino a iniciar “urgentes acciones” y le recordó que con anterioridad envió información sobre esta problemática al área ambiental de la defensoría nacional.

Al mismo tiempo PROTEGER remitió al Ombudsman copia de la nota enviada a Nieto el 12 de abril pasado con copia al presidente Néstor Kirchner y a la ministra de Economía, Felisa Miceli, y le informó que nunca ha tenido respuesta del titular de Pesca.

“Incomprensiblemente –señala-, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación mantiene una deliberada actitud de no responder a la solicitud de información de la sociedad y las organizaciones no gubernamentales que, como en nuestro caso, tienen un reconocimiento nacional e internacional en la temática, trabajan en íntima relación con los sectores científicos, legislativos y políticos estatales e integran además un órgano consultivo del Estado que se ocupa de la pesca continental –el Consejo Pesquero de la Provincia de Santa Fe”.

Esta actitud “no se comprende en el contexto del estilo que el presidente Kirchner ha dado a su gestión y específicamente a la prioridad que ha otorgado a los conflictos ambientales con gran implicancia social como claramente es la crisis pesquera en el litoral fluvial de la Argentina”, lamentó.

Por último Cappato, quien además es coordinador nacional del Comité Argentino de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y Punto Focal para la Argentina de la Convención Ramsar, destacó en su nota que “según el artículo 41 de la Constitución Nacional corresponde al Estado brindar información ambiental, como elemento imprescindible para garantizar a los ciudadanos el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.


NOTA
El trámite fue ingresado ante el Defensor del Pueblo de la Nación con el número de actuación 1884/07, Área Nº 3: Medio Ambiente.